Rafael Berardi fue raptado en la cochera de su edificio de Muñecas y Corrientes el 6 de febrero de 1987. Terminó siendo asesinado de un disparo en la nuca 13 días después en un descampado de Bella Vista. Han pasado 35 años del caso. El único secuestro extorsivo registrado en la provincia que terminó con una muerte quedó impune. Y no se encontró a ningún culpable porque sucedieron una serie de situaciones judiciales que hasta el momento no quedaron claras. Fue uno de los tantos casos que generaron un significativo revuelo y que con el paso del tiempo, por otras causas iguales o más importantes, terminó estancado en el gigantesco cajón de los olvidos.

El caso comenzó a ser investigado por el juez federal Jorge Parache, pero después quedó en manos de su par Ricardo Sanjuán. Este último fue quien le dio forma a la causa. El magistrado entendió que Jorge Munir “El Loco” Saade fue el autor del secuestro y posterior muerte de Berardi junto a Roque Di Paoli, quien al morir en un enfrentamiento cuando quisieron detenerlo nunca afrontó cargos. A Giorgio “Chacho” López y Demetria Helena “Elenita” Sarmiento los acusó de haber tenido una participación necesaria por su intención de retener a la víctima.

Para resolver la situación procesal del principal acusado, Sanjuán consideró que López fue testigo presencial de la ejecución de Berardi. Señaló como de fundamental importancia la atribución de tal autoría, declarada por el mismo Saade ante el juez federal de Córdoba Carlos Luis Oboldi, luego de que fuera detenido por el secuestro del empresario santiagueño Victorio Curi. “El Loco” apuntó a Di Paoli como el autor del crimen, pero su versión quedó desmentida por José Antonio López. El hombre que había prestado su campo cercano a Las Termas de Río Hondo para retener a Curi, dijo que Di Paoli estuvo con él en Santiago del Estero el 19 de febrero, preparando el operativo para raptar al empresario de esa provincia.

“De las indagatorias policiales a las que fueron sometidos, se pudo establecer que Di Paoli y Saade tenían decidida la muerte de Berardi, aunque se pagara el rescate de U$S 2 millones (después redujeron sus pretensiones a U$S 200.000), puesto que esto les serviría como tarjeta de presentación en el secuestro de Curi, ya planificado cuando decidieron actuar en Tucumán”, publicó LA GACETA.

“El encuadre como partícipes necesarios de ‘Elenita’ y ‘Chacho’ López quedó puesto de manifiesto por los propios acusados en sus declaraciones, pese a que la mujer dijo que actuó coaccionada por Di Paoli y Saade. De las investigaciones surgió la falsedad del testimonio, ya que la mujer estuvo varios días en Santiago del Estero con los secuestradores y en ningún momento tuvo intención de denunciar lo que ocurría”, se agregó. El caso parecía resuelto, pero...

Sorpresivo cambio

En Tucumán, como es típico el olor de azahares en la primavera, a nivel judicial, en los casos más polémicos, siempre surgen algunas lagunas que luego conducen a caminos que llevan a la impunidad. De manera sorpresiva, la causa fue girada a la Justicia ordinaria en 1990, tres años después de haberse producido el hecho. Nunca se establecieron realmente los porqués de este cambio, pero sí hubo una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema.

En la resolución firmada por los vocales Augusto Belluscio, José Caballero y Carlos Fayt, se analizó la posibilidad de aplicarle una sanción al juez (no nombra a quién, pero podría haber sido Parache o Sanjuán) interviniente. “Si las actuaciones posteriores a la traba de la contienda por la que dicho magistrado pretendió desprenderse del conocimiento de la causa e hizo saber a la Corte el rechazo del juez provincial a continuar la investigación, encubren un conflicto insustancial contrario a la administración de justicia y a los derechos de los procesados que se encuentran privados de su libertad”, señalaron. Nunca trascendió cómo terminó este trámite.

Ya en la Justicia ordinaria, el primero en tomar el expediente en sus manos fue el juez Raúl Miguel Ruiz, que hizo poco por la subrogancia que realizaba en el juzgado que debía intervenir. El expediente pasó a manos de Ángel Pablo Bossini, que debió resolver primero todos los planteos de nulidades que había presentado María Raquel Llobet, defensora y esposa de Saade.

La profesional cuestionó que la Justicia ordinaria fuera la que realizara la investigación y la participación del actual fiscal federal Carlos Brito. El funcionario, en un primer momento, asistió a “El Loco” como defensor oficial y después ocupó el rol de acusador, tareas totalmente incompatibles. Pero esa versión fue falsa, ya que el funcionario cuestionado asumió el cargo que actualmente ocupa antes de que se registrara el hecho.

Bossini rechazó todas las nulidades y procesó nuevamente a los tres acusados. “En las constancias sumariales surgen en forma evidente y precisa las circunstancias, motivaciones y cantidad de personas que participaron del delito, entre las que se encuentra Saade. Este, inclusive, en reiteradas declaraciones prestadas ante la Justicia Federal, en la que se le había dictado prisión preventiva”, razonó el magistrado en un fallo de junio de 1990. Ahora sí parecía que el caso se resolvería. Pero no, en Tucumán siempre pasa algo.

En septiembre de 1990, la Cámara II en lo Penal, integrada por Gustavo Adolfo Busquets, Julio Espíndola Aráoz y Pedro Ignacio Lobo, resolvió declarar nulos el auto de procesamiento en contra de los tres sospechosos. Los jueces le recomendaron al magistrado “un mayor celo y dedicación en asuntos de importancia y trascendencia del presente, a fin de evitar el dispendio innecesario y dañoso de actividad jurisdiccional que, en definitiva, compromete el servicio de justicia y la fe de la comunidad en sus instituciones”.

El tribunal argumentó su fallo señalando que “aunque mínimamente fundado, el auto de procesamiento impugnado no hace mención alguna a pruebas concretas o elementos de juicio debidamente valorados”.

Aquí se produce otra laguna judicial. Bossini se desprende de la causa y pasa a manos de Rubén Tirso Pereyra, abogado cordobés que asumió como juez durante la intervención de Julio “Chiche” Aráoz. Al parecer, este magistrado, al no poder incorporar más pruebas, terminó cerrando la causa y el crimen quedó impune.

“La verdad es que recuerdo el caso, pero por el momento no tengo presentes los detalles de la causa. No puedo informar cómo llegó a mis manos y mucho menos cómo lo resolví”, explicó el profesional a través de una charla telefónica con LA GACETA. Después de haber renunciado como magistrado, el cordobés regresó a su provincia natal y además de dedicarse a la política, siguió ejerciendo. Intervino en varios casos, pero con uno tuvo trascendencia nacional. Primero asumió el rol de querellante en el caso de Nora Dalmasso, la mujer que fue asesinada en Córdoba. Y después se encargó de defender por un tiempo a Marcelo y Facundo Macarrón, esposo e hijo de la víctima. El viudo podría ser enjuiciado este año por el crimen de Dalmasso

De los cuatro secuestros de los que habían sido acusados los miembros de esta banda, el de Berardi fue el más grave porque fue el único en el que la víctima fue asesinada. También fue el único que no se resolvió. En el de Daniel Piñeiro Pacheco, los acusados fueron absueltos por el beneficio de la duda. Por el de José Maslub -el empresario que tiene la patente de las “hawaianas”, fueron condenados Saade (14 años), Jorge Barquero (10) y Carlos Alberto Rosas y Normando Claudino Sánchez (ocho). En tanto que por la causa Curi fueron penados Saade (12), Giorgio López (10) y José Antonio López (5).

Muerte y miedo

El caso Berardi no sólo quedó impune, sino que sus protagonistas terminaron falleciendo a lo largo de estas tres décadas y media. Sí se pudo reconstruir lo que sucedió con los protagonistas. Saade y su defensora Llobet terminaron separándose. “Era totalmente lógico ese final, no se puede mantener ninguna relación cuando uno de los dos está tras las rejas”, explicó una allegada a la profesional. Él, después de haber recuperado la libertad a principios de 2000, decidió instalarse en Salta. Fuerzas de seguridad nacionales siempre lo tuvieron en la mira porque, hasta su muerte, ocurrida hace unos siete años, sospechaban que realizaba tareas de custodia o los trabajos sucios de los grandes narcos instalados en la frontera con Bolivia. Ella también falleció. Fue encontrada muerta en su casa de Santiago del Estero, en diciembre de 2018. Tuvo su prestigio al ser una de las pocas profesionales que se animó a actuar en contra del “juarismo” en esa provincia y se la recuerda por haberse desempeñado como abogada querellante en la causa conocida como “El doble crimen de La Dársena”.

Con el correr de los años, después de que el caso quedara impune, comenzaron a sobrevolar otras versiones sobre qué había pasado con el crimen del empresario. Y esos rumores se intensificaron cuando LA GACETA, durante varios meses, comenzó a indagar sobre el tema. “Si una causa tiene un final abrupto y no se conoce nada de lo que pasó, no tenga dudas de que los servicios estuvieron detrás”, explicó M.A., un ex agente del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) que aceptó hablar del tema siempre y cuando no se revelara su identidad.

El ex espía coincidió con la versión sobre quiénes fueron los autores del secuestro. Y que lo eligieron después de que una mujer (sería “Elenita”) les diera todos los datos para concretar el hecho. También coincidió con que los captores tenían previsto desde un primer momento acabar con la vida del empresario “para sacar chapa de duros”, según dijo. Su versión cambia en una sola cuestión: Di Paoli y Saade fueron contratados por otras personas mucho más importantes para realizar “el trabajo”. Y las víctimas no fueron elegidas por casualidad. Maslub, Curi y Bernardi eran millonarios en sus provincias. “Es imposible pensar que alguien que no tenga apoyo se anime a secuestrarlos en menos de un año. Ni el Clan Puccio, ni ‘La banda de los comisarios’ (dos organizaciones que cometieron varios de estos delitos entre los 80 y principios de los 90) se atrevieron a tanto”, añadió.

Un ex comisario de la Policía de la provincia indicó además que nadie se animó a seguir investigando hacia arriba. La razón era clara. “Era gente muy pesada que estaba metida con el tema de los secuestros y que ‘invirtió’ ese dinero en otra actividad ilícita mucho más redituable: el narcotráfico, También contaban con un importante apoyo político”, explicó. Su relato pareció haber sido extraído de un libro de crónicas policiales, pero la historia lo terminó respaldando. El ex comisario Roberto Buletti, condenado por el rapto y posterior homicidio de Osvaldo Sivak, cuando quedó involucrado en el caso estaba detenido en Salta, al haber sido descubierto llevando una importante cantidad de cocaína hacia Buenos Aires. Saade también fue mencionado en una causa en la que fueron asesinadas dos mujeres que habían logrado descifrar algunas cuestiones narcos en las que habrían estado vinculados funcionarios o allegados al ex gobernador salteño Roberto Romero.

El ex agente relató que en esos días se habló que la persona que podría haber estado detrás del secuestro de Berardi, como actor intelectual, era un vecino. Un misterioso hombre que estuvo en la mira de los investigadores durante mucho tiempo. Un hombre al que se le allanó su departamento en barrio Norte porque se pensaba que estaba involucrado en el robo de las manos del ex presidente Juan Domingo Perón, ocurrido en junio de 1987. “Nunca se lo citó a declarar y mucho menos se lo investigó. En esos días, la Policía Federal sabía muy bien hasta dónde podía llegar”, le explicó a LA GACETA el informante que, después de terminar su café y despedirse, se marchó caminando lentamente por las calles de barrio Norte. Un sector de la ciudad que sigue preguntándose qué pasó con uno de sus habitantes más influyentes de la época.